El Congreso tramitará la propuesta de Ley para la continuidad de las centrales nucleares.
El pasado 17 de junio de 2025, el Congreso de los Diputados acordó la toma en consideración de la Proposición de Ley para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Esta iniciativa legislativa pretende revertir el calendario de cierre progresivo del parque nuclear español, establecido por el Gobierno a través del 7.º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y redefinir el marco normativo que rige la explotación de las instalaciones nucleares.
Contenido y objetivos de la proposición
La ley tiene como eje principal el reconocimiento del papel estratégico de la energía nuclear en el proceso de transición energética. Su exposición de motivos es una crítica contundente a la política de cierre nuclear seguida por el Ministerio para la Transición Ecológica, considerando que dicha estrategia perjudica la seguridad energética, eleva el precio de la electricidad, incrementa las emisiones de CO₂ y debilita la competitividad industrial española.
Entre los argumentos técnicos y económicos que sustentan la proposición, destacan los siguientes:
- La energía nuclear representa cerca del 20% de la producción eléctrica nacional y entre el 30% y el 40% de la electricidad libre de emisiones.
- Su producción es estable, con bajo coste marginal, y contribuye a reducir el precio del mercado mayorista.
- La clausura anticipada de las centrales supondría, según algunos estudios, un sobrecoste de hasta 22.600 millones de euros y un aumento significativo de emisiones.
- El cierre de las centrales, además, comprometería la estabilidad del suministro en comunidades como Cataluña, Extremadura o la Comunidad Valenciana, altamente dependientes del parque nuclear.
Articulado de la proposición
La propuesta normativa se estructura en cuatro artículos, una disposición adicional, una derogatoria y dos disposiciones finales:
- Artículo 1: Regula el régimen de operación y cese de actividad de las centrales nucleares, dejando claro que el cierre solo podrá producirse por voluntad del titular, expiración de la autorización sin prórroga solicitada, o por informe técnico desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
- Artículo 2: Obliga a ENRESA a actualizar el 7.º PGRR para contemplar una prórroga de hasta 10 años de la vida útil de las instalaciones y revisar su memoria técnico-económica.
- Artículo 3: Insta al Gobierno a modificar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) bajo criterios de neutralidad tecnológica y sostenibilidad.
- Artículo 4: Exige la actualización de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, desfasada desde 2015.
Asimismo, se derogan expresamente disposiciones de varias órdenes ministeriales que fijaban como “definitivas” las fechas de cierre de las centrales de Almaraz, Cofrentes y Ascó I.
Tramitación parlamentaria: siguientes pasos
Con la toma en consideración acordada el 17 de junio, se activa el procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 89 de la Constitución Española y los artículos 126 a 132 del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Asignación a comisión competente, en este caso, presumiblemente la Comisión de Transición Ecológica.
- Fase de enmiendas (art. 110 RCD), donde los grupos parlamentarios podrán proponer modificaciones al texto.
- Debate en comisión, posible apertura de ponencia y redacción del dictamen.
- Debate y votación en Pleno del Congreso.
- En caso de aprobación, se remite al Senado, conforme a los arts. 90 CE y 104 y ss. del Reglamento del Senado, para que continúe su tramitación, donde podrá ser aprobado, enmendado o vetado.
- De haber enmiendas o veto del Senado, el Congreso puede levantarlo por mayoría absoluta o simple según los casos.
Conclusión
Esta proposición de ley no es una mera revisión técnica del marco energético, sino un giro de rumbo en la política energética nacional, con importantes implicaciones jurídicas, económicas y medioambientales. Si finalmente se aprueba, permitirá no solo alargar la vida de las centrales nucleares, sino también revertir decisiones como el arbitrario abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.
